La denominada Dark Economy extiende sus tentáculos en Latinoamérica con fraudes digitales, lavado de dinero y estafas cada vez más sofisticadas, impulsadas por inteligencia artificial, redes sociales y vacíos
regulatorios que abren la puerta a redes criminales transnacionales a través de la banca tradicional y las fintechs.
El crimen financiero movió unos 3,1 billones de dólares globalmente en fondos ilícitos a través del sistema financiero mundial en 2023, en tanto que las pérdidas por estafas y fraudes ascienden a unos US$485.600 millones, de acuerdo con cifras citadas en un informe de la firma israelí de protección contra el fraude BioCatch.
La Dark Economy se entiende como un tipo de crimen financiero, cada vez más sofisticado, que abarca transacciones para tráfico de personas, armas y drogas, fraudes digitales y estafas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero a través de “cuentas mulas” o empresas fachadas, explicó Bloomberg Línea en un reporte
En América Latina, de acuerdo a la Encuesta sobre la Economía Oscura 2025 de BioCatch, el 74% de las instituciones financieras indica que los intentos de fraude están aumentando año tras año y cerca del 60% reporta crecimiento en las pérdidas por esos delitos.
Los fraudes digitales y el lavado de dinero son los crímenes más reportados, con un alto componente de uso de herramientas tecnológicas para la obtención de los recursos, luego para dificultar el rastreo por las autoridades y finalmente escondiendo esos recursos mediante uso de billeteras digitales, criptomonedas y/o fintechs para su posterior uso.
“Existe una baja barrera de entrada para nuevos actores criminales gracias a herramientas tecnológicas como la IA, que permiten acceso a casi cualquier persona para procesamientos elaborados y en tiempo real”, dijo a Bloomberg Línea Josué Martínez González, global advisor para BioCatch en la región.
Agregó que “existe también una vertiente del fraude digital como servicio que posibilita el uso de herramientas sofisticadas mediante suscripción».
Los criminales están encontrando un terreno fértil para estos ataques ante las deficiencias regulatorias y un alto componente de impunidad e incluso colusión con algunas autoridades, comentó Martínez González.
“Otro de los elementos es la falta de colaboración efectiva entre gobiernos, instituciones financieras y organismos reguladores”, dijo el analista de BioCatch.
Un caso, un ejemplo
Una reciente operación policial en la avenida Faria Lima, el corazón financiero de São Paulo, expuso cómo el crimen organizado en Brasil está usando fondos de inversión y fintechs para lavar dinero a gran escala.
A finales de agosto, la Policía Federal de Brasil lanzó una amplia ofensiva contra el crimen organizado en toda la cadena de suministro de combustible del país, exponiendo transacciones ilícitas por un total de más de R$23.000 millones (US$4.200 millones).
Los fiscales apuntan a que el cártel brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltró en la distribución de combustible, usando esquemas de evasión fiscal que permite a conductores acceder involuntariamente a gasolina más barata.
“Las fintechs operaban con sistemas de contabilidad paralelos, permitiendo transferencias entre empresas y particulares sin identificar a los beneficiarios finales”, indicó la Fiscalía de São Paulo en un comunicado.
El caso ilustra cómo la Dark Economy se infiltra en los segmentos más dinámicos de las finanzas digitales de Latinoamérica, aprovechando la rápida expansión del sector para mover y ocultar activos ilícitos con creciente sofisticación.
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Un crimen que toma fuerza
“La Dark Economy es un tema que, lastimosamente, toma cada vez más relevancia en Latinoamérica. No es algo nuevo, pero sí se ha ido sofisticando mucho. Y lastimosamente estamos viendo cómo nuestro continente también hace resaltar algunos países», dijo a este medio Diego Ossa, gerente país y director de estrategia para la subregión de Latinoamérica y el Caribe en Stefanini Group.
El directivo de la multinacional tecnológica brasileña dijo que el principal blanco a nivel de usuarios es la población digitalizada, incluyendo la Generación Z.
Uno de los riesgos es que muchas entidades en la región no realizan de manera completa el proceso de know your customer (conozca a su cliente), lo que facilita que estas estructuras se integren incluso en la cadena financiera formal, convirtiéndose en eslabones difíciles de diferenciar entre lo legítimo y lo fraudulento.
Además, advirtió que los delitos más comunes vinculan datos personales a compañías o servicios de fachada.
“Accediendo a estos mecanismos básicos, logran enmascararla identidad de una empresa y obtener fondos que terminan dentro de organizaciones criminales”, indicó el ejecutivo Diego Ossa.
Porlo tanto, considero que es “un fenómeno complejo que requiere gestión y responsabilidad, tanto de las personas como de las organizaciones”.
Redes criminales complejas
Los principales responsables son redes criminales organizadas, no individuos aislados, que operan desde distintos países con un alto componente de transferencias internacionales mediante billeteras digitales, criptomonedas e inversiones.
En estas organizaciones se observa una colaboración estructurada, en la medida en la que generalmente un grupo especializado ejecuta la primera fase del delito y luego transfiere la tarea a otro grupo experto en gestión financiera y lavado de activos, que se encarga de legitimarlos recursos ilícitos.
El 43% de las instituciones financieras rechaza más de US$10 millones en reclamaciones por fraude cada año, según la encuesta global de BioCatch
Los consumidores sufren pérdida de confianza, exposición a fraudes y menor protección si las entidades financieras no comunican sus esfuerzos de seguridad, advierte.
En 2024, de acuerdo a BioCatch, las estafas relacionadas con estas estructuras se incrementaron un 32% en la región frente al año anterior, con alzas en Colombia y Argentina y caídas en Perú y Ecuador.
“Desde luego no existe una sola herramienta tecnológica que por sí misma sea la solución a todo. La estrategia que muchas instituciones financieras están adoptando es utilizar capas de distintas tecnologías”, dijo el analista Martínez González.
Vacíos regulatorios facilitan los crímenes financieros
Según la encuesta de BioCatch, un 89% de los encuestados cree que se necesita más intervención regulatoria para combatir el lavado de dinero.
Obstáculos como leyes de privacidad, riesgo de filtraciones y uso indebido de datos limitan la colaboración entre estas entidades financieras.
En cuanto a las regulaciones sugeridas en la encuesta por las empresas de la industria, destaca el pedido de una mayor supervisión de entidades no financieras.
Asimismo, piden aumentarlos requisitos tecnológicos avanzados, mejorarlos protocolos estándar de seguridad y robustecerlas políticas de diligencia debida (due diligence) y compartición de información.
“Se debe promoverla adaptación regulatoria ante nuevos retos, no existe una evolución de las normas y leyes para permitirla identificación de estos crímenes financieros”, comentó Martínez González.
En su visión, el problema que se enfrenta en la actualidad, sobre todo, es que las autoridades “tienen limitantes en las capacidades de investigación y procesamiento de grandes volúmenes de datos y la interconexión de los mismos”.
