Una corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, lo que abre un posible conflicto legal que podría trastocar la agenda de política exterior del mandatario.
El fallo afecta los aranceles “recíprocos” de Trump, impuestos a la mayoría de los países del mundo, así como otros aranceles aplicados a China, México y Canadá.
En una decisión por 7 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. rechazó el argumento de Trump de que los aranceles estaban permitidos en virtud de una ley de poderes económicos de emergencia, calificándolos de “inválidos por ser contrarios a la ley”.
Trump criticó al tribunal de apelaciones y su fallo desde su cuenta en Truth Social, afirmando: “Si se mantiene, esta decisión literalmente destruiría a Estados Unidos de América”.
“Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final (…) Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes”, escribió.
Amenazas “inusuales y extraordinarias”
Trump justificó los aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente la facultad de actuar contra amenazas “inusuales y extraordinarias”.
El mandatario declaró una emergencia nacional comercial, tras alegar que un desequilibrio comercial es perjudicial para la seguridad nacional del país.
El fallo de 127 páginas establece que la IEEPA “no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos”.
Por lo tanto, la facultad de imponer impuestos y aranceles sigue perteneciendo al Congreso, dictaminó el tribunal, y la IEEPA no la invalida.
El tribunal advirtió que es improbable que, cuando el Congreso aprobó la ley en 1977, su intención fuera “desviarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
“Siempre que el Congreso pretende delegar en el presidente la facultad de imponer aranceles, lo hace explícitamente, ya sea mediante el uso de términos inequívocos como arancel y derecho, o mediante una estructura general que deja claro que el Congreso se refiere a aranceles”, escribieron los jueces.
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¿Extralimitación presidencial?
El fallo también plantea interrogantes sobre los acuerdos que algunos países alcanzaron con EEUU para reducir las tasas arancelarias. Esto implica que es casi seguro que el caso llegue a la Corte Suprema de ese país, que en los últimos años ha mostrado escepticismo hacia los presidentes que intentan implementar nuevas políticas radicales sin la autorización directa del Congreso.
Durante la presidencia de Joe Biden, la corte amplió lo que denominó la «doctrina de las cuestiones importantes» para invalidar los esfuerzos demócratas para utilizar leyes existentes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y condonar la deuda de préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses.
Si aceptan considerar el caso, los nueve jueces de la Corte Suprema podrían evaluar si el expansivo programa arancelario de Trump es otro ejemplo de extralimitación presidencial o si está suficientemente fundamentado en la ley y la autoridad del mandatario.
Aunque la corte de apelaciones le infligió una derrota al gobernante, la Casa Blanca podría consolarse con el hecho de que solo 3 de los 11 jueces de la corte fueron nombrados por republicanos.
