El economista e investigador petrolero Francisco Monaldi advirtió que los recientes anuncios sobre una inversión china en el sector energético venezolano podrían tener más aspectos simbólicos que reales.
Monaldi señaló que se trata de contratos firmados a finales de 2023 y principios de 2024 con varias empresas, entre ellas China Concord Resources Corp (CCRC), una firma con sede en Hong Kong. Esta compañía, sancionada por EE.UU. por su participación en el comercio no regulado de crudo iraní, ha sido vinculada con actividades en el llamado «mercado negro» del petróleo venezolano hacia Asia, lo que genera dudas sobre su verdadero papel y capacidad de inversión.
¿Qué se sabe del proyecto?
Según Reuters, CCRC firmó en mayo de 2024 un contrato de producción compartida por 20 años para operar dos campos en el Lago de Maracaibo —Lago Cinco y Lagunillas Lago— mediante un modelo legal introducido por la Ley Antibloqueo de 2020, diseñado para atraer inversión frente a las sanciones de EE. UU.
El plan contempla una inyección de más de 1.000 millones de dólares para rehabilitar pozos paralizados y aumentar la producción actual de unos 12.000 barriles diarios hasta alcanzar los 60.000 bpd en 2026. De acuerdo con Reuters, en septiembre de 2024 la empresa envió unos 60 técnicos chinos y una plataforma de perforación con miras a reactivar alrededor de 100 pozos, con el objetivo de llegar a 500 en operación. El crudo ligero estaría destinado a Pdvsa para uso interno, mientras que el pesado sería exportado a China.
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Riesgos y reservas según Monaldi
Monaldi resaltó que CCRC no posee experiencia operativa directa en campos petroleros —no es su negocio principal— lo que genera incertidumbre respecto a la magnitud real de la inversión y producción anunciadas. «Es muy probable que sean mucho menos que esos 60.000 barriles y mucho menor ese monto de inversión», advirtió.
Además, alertó que el involucramiento de empresas vinculadas al mercado paralelo —asiladas en redes con buques fantasma, apagado de GPS y transferencias clandestinas— respalda la hipótesis de que el proyecto podría operar en un marco de opacidad, donde la sanción de EE. UU. no necesariamente frena este tipo de operaciones.
