La percepción favorable que muestran los mercados hacia los bonos soberanos de Bolivia contrasta, de forma marcada, con los fundamentos
económicos y políticos que enfrenta el país. Tanto que el economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun, califica como un espejismo el optimismo que refleja la deuda boliviana.
Las encuestas apuntan a un cambio en la tendencia política del Gobierno, y los inversionistas parecen anticipar que ese giro vendrá acompañado de un ajuste fiscal creíble. Sin embargo, el diagnóstico macroeconómico lanza advertencias.
Fortun recuerda que Bolivia viene con el “tiempo prestado”, pues se sostiene sobre “una economía dependiente del Estado construida sobre una base menguante de hidrocarburos, un déficit fiscal en expansión y un sector público hinchado muy por encima de su capacidad para sostenerse a sí mismo”.
El analista recuerda que la historia muestra que “los mercados tienen una larga trayectoria de confundir el cambio político con el cambio estructural”.
Entre los problemas estructurales identifica “subsidios como moneda política, empresas públicas que pierden dinero y un sistema tributario demasiado estrecho y regresivo para pagarlas ambiciones del Estado”.
Un optimismo con pies de barro
Pese a estos desafíos, en el frente financiero, los bonos bolivianos bajaron sus rendimientos en las últimas semanas, alentados por la expectativa de un cambio de rumbo.
El bono soberano de Bolivia con vencimiento en marzo de 2028 registró una marcada recuperación en los últimos seis meses. El rendimiento al vencimiento cayó desde niveles cercanos al 23% en febrero hasta el entorno del 15,4% en agosto, su mínimo más reciente.
Pero Fortun considera que “lo que el mercado ve hoy es la superficie: un cambio de color político y la promesa de reforma. Lo que no está valorando es la resaca: la fragilidad política, el shock de desempleo, la falta de capacidad institucional para ejecutar un ajuste rápido y las estructuras sociales preparadas para una movilización masiva”.
Débora Reyna, economista para América Latina de Oxfords Economics, considera que la recuperación de los bonos refleja el optimismo ante un posible cambio en el estilo del gobierno.
La analista recuerda que, por primera vez en 20 años, la izquierda no tendría una victoria asegurada. Los dos candidatos líderes muestran una postura pro-mercado, con apertura hacia organismos multilaterales y disposición a abordarlos problemas macroeconómicos.
Esto, dice, Bolivia no lo ha tenido y lo necesita. “Sin embargo, los riesgos fiscales persisten”, agrega.
Luis Fernando Romero, investigador económico en Bolivia, también cree que este repunte no solo responde a la proximidad de las elecciones y la expectativa de un cambio de gobierno. Considera que obedece a la posibilidad de un giro en el modelo económico que contemple una devaluación, una revisión total o parcial de la subvención a los carburantes. “Y los reajustes fiscales, procurando bajar el nivel de déficit público”.
Sin embargo, coincide en que “los bonos no están reflejando los riesgos fiscales” y que estos precios, los más altos en dos años, “esconden claramente una economía boliviana puramente golpeada” con una deuda pública cercana al 90% del PIB y un saldo comercial negativo superior a US$500 millones solo en el primer semestre de 2025.
Por ello, Fortun dice que un déficit que llega a 16% del PIB no se cierra “con medidas cosméticas” o ajustes fiscales marginales. Para ello, se requieren “medidas que golpearán el empleo, los subsidios y los servicios públicos a una escala que generará resistencia política inmediata”.
Romero insistió en que “el riesgo fiscal está más latente que nunca” y que el margen del Gobierno para un ajuste fiscal “es reducido”. A su juicio, “la economía ya está desestabilizada”. Presenta “un margen amplio entre los tipos de cambio oficial y paralelo”, lo que afecta el comercio exterior, la inversión, la producción y el empleo.
Por ello, considera que las medidas de ajuste, como “la reducción o eliminación de subsidios a carburantes, un ajuste fiscal o medidas de shock”, podrían “desequilibrar más la economía boliviana”.
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Programas de ajuste: tres caminos
En este momento, la elección se define entre tres candidatos principales, cada uno con un plan para enfrentar el ajuste. Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, del partido Alianza Libre (Libertad y República), plantea una consolidación inicial de 8% del PIB en dos años. El programa está basado en recortes de subsidios, liquidación de empresas estatales inviables y un rápido acercamiento a multilaterales y mercados de capital.
“Su lógica es que la velocidad compra credibilidad, y la credibilidad desbloquea financiamiento”, dice Fortun. Pero advierte que un calendario tan agresivo como el que propone Quiroga “detone disturbios sociales antes de que cualquier recuperación del crecimiento se afiance”.
Samuel Doria Medina, de 66 años y del partido Unidad Nacional, propone un enfoque gradual, con recortes selectivos de subsidios e incrementos modestos de impuestos. También plantea privatizaciones parciales para reducir el déficit en 4% del PIB por año.
El riesgo, subraya Fortun, es que “el optimismo es más aspiración que pronóstico” porque el plan “deja un enorme déficit de financiación en los primeros años”. Depende de un repunte de la inversión privada en un contexto con problemas de divisas y derrumbe de ingresos por hidrocarburos.
Manfred Reyes Villa, de 70 años, del partido Autonomía Para Bolivia-Súmate, adopta la postura más conservadora. Promete “recortar el despilfarro” y “proteger subsidios estratégicos”.
En la práctica, apunta Fortun, esto significa “dejar intactos los mayores drenajes del presupuesto, lo que matemáticamente hace imposible cerrar una brecha del 16% sin aumentos masivos de impuestos o un endeudamiento sin precedentes”. Concluye que es “un plan de confort político, no un rescate fiscal”.
