La reciente resolución del Ministerio de Economía y Finanzas publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.166, con fecha 9 de julio de 2025, que modifica el régimen legal de importación para 29 subpartidas arancelarias vinculadas a vehículos y autopartes, podría generar cuellos de botella logísticos y mayores costos para los consumidores, según advirtió la especialista en aduanas y comercio exterior Marisol Mujica.
En entrevista concedida a Unión Radio, Mujica explicó que la medida forma parte de una política más amplia del Estado venezolano orientada a reforzar el control sobre las importaciones y «proteger la producción nacional». Sin embargo, alertó sobre la capacidad operativa limitada del nuevo Comité de Comercio Exterior (Comec), al que se le ha delegado la aprobación previa de estas importaciones.
De una plataforma expedita a un comité centralizado
«Estamos migrando de un sistema que funcionaba a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con procesos directos y tiempos predecibles, a un comité que aún no ha demostrado eficiencia ni agilidad», dijo Mujica.
Anteriormente, permisos para importar bienes como vehículos o tecnología se gestionaban en 7 a 10 días hábiles, mientras que bajo el nuevo esquema de Comec «no hay claridad sobre los tiempos de respuesta ni sobre los criterios técnicos que se están aplicando», lo que —según advirtió— ha llevado a muchas empresas a paralizar temporalmente sus importaciones.
Cambios clave en los aranceles
Uno de los elementos más sensibles de la nueva normativa es el incremento arancelario para vehículos nuevos, que pasó de 20% a 40% desde marzo. Además, las importaciones ahora requieren una licencia previa bajo el denominado Régimen Legal 20, lo cual aplica tanto a vehículos terminados como a partes esenciales como motores, chasis y neumáticos.
También se suman a este régimen especial vehículos eléctricos, tractores, remolques cisterna y motocicletas, entre otros. Para algunos ítems de exportación, como remolques cisterna, se exigirá además el cumplimiento de los regímenes 11 y 20, lo que agrega más requisitos al proceso.
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¿A quiénes impacta esta medida?
Mujica subrayó que uno de los sectores más afectados por estas modificaciones es el de los venezolanos que retornan al país y desean ingresar vehículos bajo el régimen de equipaje. En estos casos, explicó, el trámite exige un certificado de uso emitido por un consulado venezolano, lo cual resulta inviable para quienes regresan desde países donde Venezuela no mantiene representación diplomática, como ocurre actualmente en Argentina.
«Hay casos de personas que han tramitado el certificado en países vecinos como Bolivia o Perú, pero al llegar a Venezuela no se les acepta. Esto les impide acceder al beneficio de ingresar su vehículo con un arancel reducido del 1%», señaló.
¿Proteger la industria o restringir el acceso?
Aunque la resolución oficial sostiene que su objetivo es cuidar la producción nacional, Mujica explicó que muchos rubros que antes gozaban de beneficios arancelarios del 3% —por ensamblarse localmente— ahora enfrentan cargas de hasta 20%. En ese contexto, recomendó priorizar las importaciones desde países con los cuales Venezuela tiene acuerdos comerciales vigentes, para acceder a reducciones arancelarias o beneficios preferenciales.
En cuanto al estado actual del parque automotor venezolano, Mujica recordó que el país llegó a tener una transferencia de más de 490.000 unidades en 2007, cifra que ha caído drásticamente. Aunque se ha observado un repunte en 2024 con cerca de 17.000 unidades nuevas, la experta se mostró cauta ante cualquier lectura optimista: «No sé si hablar de recuperación o de crecimiento. La realidad es que muchos vehículos ya no soportan más reparaciones, y las personas están forzadas a comprar nuevos sin contar con opciones reales de financiamiento bancario».
