La creciente morosidad en los pagos de condominio está generando una presión sin precedentes sobre las finanzas de las comunidades residenciales en Venezuela, al punto de abrir la puerta a posibles desalojos por vía judicial.
Así lo advirtió la abogada Tibaire Altuve, coordinadora de la plataforma Micondominio.com, durante una entrevista en Unión Radio. Según explicó, el impago sistemático de las cuotas mensuales, sumado al incumplimiento de normas internas de convivencia, puede activar mecanismos legales para que una comunidad organizada solicite ante los tribunales la venta forzosa de un inmueble.
“El legislador previó que la morosidad recurrente, además del incumplimiento de otras obligaciones en la convivencia, pudiera dar pie a la máxima sanción que existe: que la comunidad, con al menos el 75% de los votos favorables, acuda a un tribunal para pedir la venta del inmueble del moroso”, detalló Altuve.
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Una crisis silenciosa en ascenso
Aunque el país no cuenta con estadísticas oficiales sobre el monto promedio de las cuotas condominiales, Altuve estima que estas pueden oscilar entre los 20 y los 600 dólares, dependiendo del tipo de inmueble, su ubicación y servicios. “Es difícil dar una media. Hay quienes pagan 20 o 30 dólares, pero también hay condominios en zonas de alto perfil que llegan a cobrar hasta 600. Lo que sí sabemos es que la morosidad ronda el 40%, y eso sí lo podemos medir”, señaló.
Este nivel de impago —agregado al deterioro de servicios públicos y el envejecimiento de la infraestructura— ha generado un colapso en la capacidad de muchos edificios para cubrir gastos básicos como el mantenimiento de ascensores, sistemas de bombeo, seguridad o limpieza.
Alternativas de ingresos
Frente a este panorama, la experta propone buscar fuentes alternativas de financiamiento para evitar el deterioro físico y social de las comunidades. Entre las opciones sugeridas: alquilar espacios comunes como salones de fiesta para eventos corporativos, permitir el uso de piscinas para clases de natación, instalar antenas de telecomunicaciones en las azoteas o colocar publicidad comercial en puntos estratégicos de los edificios.
No obstante, Altuve advierte que estas alternativas requieren voluntad organizativa y acuerdos claros entre los copropietarios, además del cumplimiento de las normativas legales vigentes.
El precio de la convivencia
Más allá del factor económico, la abogada recordó que los conflictos en los condominios también suelen estar asociados a perturbaciones a la convivencia, como ruidos, daños a áreas comunes o comportamiento agresivo hacia vecinos. “La figura del desalojo no solo aplica por deuda, también por conducta incompatible con la vida en comunidad”, puntualizó.
En un país donde la vivienda es cada vez más un bien de difícil acceso y mantenimiento, la situación de los condominios pone en evidencia una crisis habitacional de nuevo tipo: no la del déficit de viviendas, sino la de su sostenibilidad. Y en ese frente, la morosidad no es solo una estadística: es una amenaza directa a la estabilidad de miles de familias.
