El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su familia acumulan ganancias multimillonarias en el mercado de criptomonedas, en un contexto de regulaciones más laxas impulsadas por su propia administración.
Según reportes de prensa y documentos regulatorios, las participaciones en empresas como World Liberty Financial (WLF) y American Bitcoin Corp. (ABTC) han elevado el valor de los activos vinculados a los Trump en más de 5.000 millones de dólares.
WLF, una plataforma descentralizada de préstamos y emisión de tokens ($WLFI), está controlada en un 60% por una empresa de la familia Trump y le otorga el 75% de los ingresos por la venta de monedas digitales. ABTC, por su parte, es una minera de bitcoin listada en el Nasdaq cuyas acciones subieron más de 100% en su debut bursátil.
Críticas por posibles conflictos de interés
La rápida expansión del “imperio cripto” de Trump ha generado cuestionamientos éticos. Expertos señalan que un presidente en ejercicio podría beneficiarse de inversiones que, al mismo tiempo, se ven favorecidas por decisiones regulatorias de su administración.
“El modelo abre la puerta a que actores privados o incluso gobiernos extranjeros influyan en la Casa Blanca mediante compras de tokens”, advirtió el abogado estadounidense Ross Delston, especialista en regulación financiera.
Aunque la Casa Blanca insiste en que no existe conflicto de interés, analistas destacan que el enfoque regulatorio actual contrasta con la política más estricta aplicada durante la presidencia de Joe Biden.
También puede leer: Bloomberg: la «Dark Economy’ se infiltra en fintechs y bancos de Latinoamérica
Regulación más laxa
Desde enero, Trump ha promovido un marco que favorece la innovación y la adopción de criptomonedas, eliminando trabas contables y reduciendo la presión de organismos como la SEC. Esto ha dado impulso al sector, pero también ha alimentado críticas sobre la falta de transparencia y supervisión.
El académico Richard Briffault, de la Universidad de Columbia, sostiene que las decisiones de la Casa Blanca “combinan el cargo público con el beneficio privado” y podrían erosionar la confianza en la gestión económica del país.
Un debate abierto
Mientras tanto, legisladores en el Congreso presionan para restablecer controles más estrictos, exigir mayor transparencia a empresas cripto y limitar la tenencia de estos activos por funcionarios en ejercicio.
“Lo más probable es que, cuando acabe esta presidencia, veamos un alza de investigaciones, procesos judiciales y ajustes regulatorios en el sector”, advirtió Delston.
Con información de Deutsche Welle
