Los abogados que representan a inmigrantes venezolanos y haitianos afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se mostraron optimistas tras una audiencia clave celebrada en el Noveno Circuito de Apelaciones en Pasadena, California. El caso podría definir el futuro legal de más de 600.000 beneficiarios de este programa humanitario en Estados Unidos.
“Tenemos argumentos legales muy sólidos y somos optimistas. Vamos a continuar la pelea en la corte”, afirmó Jessica Bansal, abogada de la Alianza Nacional del TPS, tras exponer su posición ante un panel de jueces federales.
TPS bajo ataque: ¿arbitrariedad o interés nacional?
La demanda legal alega que la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos no solo fue “arbitraria y caprichosa”, sino también motivada por una “animosidad racial”. Los demandantes sostienen que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad y violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), norma que regula las acciones de las agencias federales.
El panel judicial cuestionó con severidad a los abogados del Gobierno sobre la falta de precedentes para cancelar un beneficio migratorio que había sido extendido por una administración anterior, en este caso, la del expresidente Joe Biden.
Durante su gestión, Biden amplió el TPS para proteger a unos 350.000 venezolanos y 250.000 haitianos. Sin embargo, en una polémica movida, la actual Administración Trump revirtió la medida, calificando a los beneficiarios suramericanos de “desgraciados” y “criminales”, según consta en declaraciones recogidas por los demandantes.
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Una batalla legal que llega a la Corte Suprema
Aunque un juez federal en California bloqueó temporalmente la revocatoria del TPS en marzo pasado, al considerar que causaría “daño irreparable” a los migrantes y sus familias, la Casa Blanca apeló la decisión y logró que la Corte Suprema le diera luz verde para anular el programa mientras se resuelve el litigio de fondo.
La Administración Trump ha argumentado que mantener el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de Estados Unidos y que las cortes no deberían intervenir en decisiones de política migratoria “urgentes”.
No obstante, Ahilan Arulanantham, profesor de Derecho y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), insistió en que todas las agencias gubernamentales —incluidas las migratorias— están sujetas a las leyes federales.
“El poder ejecutivo no está por encima del estatuto. El proceso importa”, dijo Arulanantham, quien también representa a los demandantes.
¿Qué está en juego?
El TPS es un programa migratorio que otorga protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a personas provenientes de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. En el caso de Venezuela, la designación responde al colapso económico, la emergencia sanitaria y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Aunque la administración actual ha eliminado el beneficio para venezolanos y haitianos, ha decidido mantenerlo para otras nacionalidades, como los salvadoreños, quienes cuentan con TPS desde 2001 y cuya protección continúa vigente para unos 200.000 inmigrantes.
Por ahora, el Noveno Circuito de Apelaciones no ha fijado una fecha para emitir su veredicto. Mientras tanto, el tribunal inferior de California ha agendado una nueva audiencia para el próximo 1 de agosto.
Con información de EFE
