El Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a venezolanos bajo la designación de 2021 expiró el pasado 12 de julio, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) no ha informado aún si se mantendrá vigente o será cancelado definitivamente, generando gran incertidumbre entre los beneficiarios.
Desde la fecha límite legal establecida, cientos de venezolanos que dependen de ese estatus para permanecer y trabajar legalmente en EE. UU. se encuentran en una situación de incertidumbre. Según Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, no está claro si se aplicará una prórroga automática de seis meses —como establece la normativa— o si el gobierno procederá a la terminación del programa.
Estado legal del TPS 2021 para venezolanos
La designación del TPS de 2021 ha sido válida hasta al menos el 10 de septiembre de 2025, según documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y organizaciones humanitarias.
Aunque el TPS aprobado en enero por la administración de Joe Biden debía extenderse hasta el 2 de octubre de 2026 bajo la designación de 2023, esta extensión fue cancelada por la administración Trump antes de que entrara en vigor.
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Protecciones legales y fallos judiciales
Una demanda presentada por la coalición National TPS Alliance ha frenado por ahora la eliminación del TPS 2023. Un juez federal en California extendió temporalmente el estatus de protección para los beneficiarios hasta que el caso se resuelva, lo que mantiene vigente la extensión hasta el 2 de octubre de 2026 para quienes están bajo esa designación.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha avalado la decisión del gobierno de Trump de revocar el TPS para más de 300.000 venezolanos, lo que podría acelerar su eliminación definitivamente dentro de los próximos meses.
Impacto socioeconómico
El TPS ha permitido a más de 250.000 venezolanos (designación 2021) y otros cientos de miles (designación 2023) trabajar legalmente en EE. UU., contribuyendo significativamente a la actividad económica local. Según estudios, este grupo aportó más de US $2.000 millones en ingresos laborales.
En ausencia de una extensión, muchos perderían su estatus y permisos de trabajo, y quedarían expuestos a procesos de deportación, con impactos severos en sus familias y comunidades.
