El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un incremento de los aranceles a las importaciones procedentes de Brasil hasta el 50%, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de agosto y que responde a lo que considera abusos contra los derechos humanos y la libertad de expresión en ese país, así como a una supuesta persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro.
En un comunicado, la Casa Blanca explicó que la decisión se adoptó a través de una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 40%, sobre el ya existente del 10%, con el objetivo de contrarrestar lo que considera “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.
Motivos
Según el documento oficial, el Gobierno brasileño ha emprendido una “persecución política, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento” contra Bolsonaro y miles de sus seguidores, acciones que a juicio de Washington constituyen “graves abusos contra los derechos humanos” y han deteriorado el Estado de derecho en Brasil.
La Casa Blanca sostiene que las autoridades brasileñas han adoptado medidas para presionar a empresas estadounidenses a censurar contenidos políticos, entregar datos confidenciales de usuarios o alterar sus políticas de moderación, afectando la libertad de expresión y el marco de operación de estas compañías.
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Referencia a la justicia brasileña
El comunicado también critica directamente al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, responsable de las investigaciones por el intento de golpe de Estado de 2022. Washington lo acusa de “abusar de su autoridad judicial para intimidar opositores, proteger aliados corruptos y reprimir la disidencia”, así como de imponer medidas que habrían derivado en la expulsión de plataformas estadounidenses del mercado brasileño, la aplicación de multas cuantiosas y la congelación de activos.
En paralelo al aumento de aranceles, la administración estadounidense anunció sanciones personales contra de Moraes en el marco de la Ley Magnitsky, que permite castigar a ciudadanos extranjeros implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
El incremento de los aranceles se suma a la advertencia enviada el pasado 9 de julio por Washington, en la que se amenazaba con aplicar la tarifa máxima del 50% si Brasil mantenía su supuesta persecución contra Bolsonaro y su entorno. En ese momento, Estados Unidos ya había elevado al 10% los gravámenes generales a las importaciones brasileñas, alegando que la disputa no respondía a motivos comerciales, sino a defensa de principios democráticos.
Con esta decisión, el Gobierno estadounidense refuerza su postura de que la política exterior también puede traducirse en medidas económicas punitivas, una estrategia que, según la Casa Blanca, busca “promover elecciones libres y justas y salvaguardar los derechos humanos fundamentales”.
Con información de EFE
