El índice de pobreza por ingresos en Ecuador se ubicó en 24% en junio de 2025, el nivel más bajo desde diciembre de 2018, cuando se situó en 23,2%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentados este lunes por la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.
En su rueda de prensa semanal, Jaramillo señaló que la cifra representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al 25,5% registrado en el mismo mes del año anterior. Esta disminución implica que alrededor de 220.000 personas han salido de la pobreza en el último año. “Esto es reflejo de un Estado eficiente que prioriza a los más vulnerables”, afirmó.
La funcionaria precisó que el dato corresponde a la medición de pobreza por ingresos y que su disminución puede estar relacionada con la entrega de bonos sociales, programas de compensación y políticas públicas enfocadas en mejorar la capacidad de consumo de los hogares.
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Factores que habrían contribuido
Entre los factores que, según el Gobierno, han influido en esta mejora se encuentran el aumento del crédito productivo y el fortalecimiento del acceso al financiamiento. A junio de 2025, los créditos productivos crecieron un 11,5% interanual, el doble del ritmo observado en junio de 2024. También se destacaron los microcréditos y los créditos de consumo como instrumentos clave para impulsar el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes.
Entre enero y mayo de 2025, se colocaron 1.153 millones de dólares a través de 3.216 operaciones, beneficiando a 170.797 personas. Los segmentos más activos fueron los de microcrédito y consumo, según indicó Jaramillo.
Perspectiva y desafíos
Aunque la reducción de la pobreza es una señal alentadora, expertos advierten que es necesario seguir de cerca los indicadores de pobreza multidimensional, que incluyen aspectos como educación, salud y calidad de vivienda, para tener una visión más completa del bienestar social.
Asimismo, subrayan que la sostenibilidad de estos avances dependerá del fortalecimiento del empleo formal y de una política fiscal coherente que permita mantener los programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
